El juzgado de primera instancia número 2 de León ha aprobado que se haga una prueba pericial de los ordenadores de la sede nacional del PP para determinar si ha habido amaños, esta vez, por la presunta afiliación irregular de hasta 1.000 militantes con el objetivo de ganarle un congreso territorial a un candidato no afín a la dirección nacional del Partido Popular.
El demandante, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, paralizó la demanda para no interferir en las elecciones de Castilla y León, pero ahora, una vez pasados los comicios, ha retomado el pulso judicial contra su propio partido. García, que perdió el congreso, acusa a Génova de haber afiliado de golpe a más de 800 personas, algunas de las cuales no estaban censadas donde votaron, o incluso eran simpatizantes de otros partidos.
El rastreo de los ordenadores será clave para determinar si se constituyó algún delito, aunque, según los audios a los que ha tenido acceso Leonoticias.com y en los que se reconoce a varios dirigentes del PP en León, entre ellos el actual presidente del PP de León, que habría gestionado una red de nuevas afiliaciones para hacerse con el aparato provincial del partido.
