Llop, una Ministra de Justicia contra la separación de poderes

Pilar Llop acudía ayer al programa de Onda Cero “La Brújula”, realizando unas declaraciones que confirman la deriva anti democrática del gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista, Llop puso de manifiesto su poco respeto por la separación de poderes, por el Estado de Derecho y su nulo conocimiento del significado de “democracia”.

Una de las perlas de Llop fue “la composición que tiene ahora el CGPJ no cuadra con la realidad actual del Parlamento; que son los representantes de la ciudadanía“. Esta afirmación, que es un ataque frontal al poder judicial, denota la necesidad de los partidos que tradicionalmente se han repartido los vocales del CGPJ – PP, PSOE y nacionalistas – de mantener ese statu quo para controlar un poder que debe controlar al poder ejecutivo y legislativo.

La gravedad no es sólo la propia declaración, sino que venga de la actual Ministra de Justicia. La separación de poderes tiene su origen en, primero, el ejercicio de sus funciones por cada poder de forma independiente y, segundo, el control de que ese ejercicio se realiza respetando las normas y los derechos fundamentales.

Las declaraciones de Llop no son más que una injerencia en el Poder Judicial, aquel que debe controlar que todo el mundo respete las leyes. El control del CGPJ ejercido desde el bipartidismo no es baladí. Se trata de una injerencia para poder presionar a jueces independientes en aquellos casos en los que puede encontrarse imputado algún político o en los que tienen algún interés partidista. El CGPJ es el órgano rector del poder judicial, el competente para los expedientes de sanción, para el nombramiento de jueces, su promoción a otros tribunales, entre otras funciones.

No escapa a nadie que la presión que se puede ejercer hacia los jueces que imparten Justicia, es evidente. Y eso es lo que salta a la vista en las declaraciones de la Ministra

España no ha tenido suerte con sus Ministros de Justicia, pero hoy tenemos la desgracia de tener una Ministra que aboga por romper la separación de poderes y por tener un poder judicial sometido al Ejecutivo. Algo propio de regímenes totalitarios.

Nos ha dejado más perlas. Otra ha sido la de definir al Tribunal Constitucional como un órgano de naturaleza política. Que no forma parte del Poder Judicial, es algo que todos los españoles conocen, pero que sigue siendo un Tribunal de control de la legalidad del ejercicio de funciones del Ejecutivo y el Legislativo, quizá no tanto. El Tribunal Constitucional tiene una importancia en el control del poder muy importante para el mantenimiento del Estado de Derecho y de respeto a la norma suprema que es la Constitución.

El Tribunal Constitucional ha jugado y juega un importante papel en la configuración de nuestro Estado democrático en temas como la distribución competencial en el Estado Autonómico; la construcción y protección de los derechos fundamentales; un control eficaz de constitucionalidad de las leyes; y una mayor nitidez en cuanto a la divisoria entre cuestiones de legalidad y constitucionalidad.

Que el gobierno de la nación, y los diferentes parlamentos y gobiernos autonómicos, respeten y acaten la Constitución, es la labor del Tribunal Constitucional. Y de esa importante misión radica la necesidad del PSOE de controlarlo, de “colonizarlo” como acertadamente dijo ayer Inés Arrimadas en el debate del Estado de la Nación. Una necesidad que también tiene el PP, que ha luchado por controlarlo cuando ha gobernado y que negocia con el PSOE tener su cuota de control. Ambos son veneno para la separación de poderes.