El Parlamento de Extremadura se ha visto envuelto en un escándalo político después de que Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura, denunciara ante la Policía Nacional que la diputada del Partido Popular (PP), Sandra Valencia, la amenazó durante un pleno celebrado el jueves. La controversia surgió durante un acalorado debate sobre la educación afectivo-sexual y la posibilidad de que los padres vetaran ciertos contenidos educativos en las escuelas.
De Miguel acusó a Valencia de amenazarla en plena Asamblea, alegando que la diputada le dijo: “Protege a tu hijo”. La denuncia desató una serie de reacciones en la esfera política y en las redes sociales.
Sandra Valencia negó las acusaciones de amenazas y emitió un comunicado en el que afirmó que sus palabras habían sido malinterpretadas. Aseguró que solo había compartido una reflexión en privado con De Miguel y que en ningún momento había tenido la intención de amenazarla o ofenderla. También expresó que había intentado aclarar la situación por teléfono, pero que De Miguel no había respondido a su llamada.
La ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, mostraron su apoyo a Irene de Miguel y pidieron la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que Valencia dimitiera.
El Partido Popular de Extremadura respaldó a Sandra Valencia y afirmó que “la verdad solo tiene un camino” y que las acusaciones se habían magnificado de manera desproporcionada. En su comunicado, Valencia reiteró que jamás amenazaría a nadie, especialmente a un niño, y que las palabras habían sido sacadas de contexto.
Este incidente ha resaltado la creciente polarización y tensión en la política española y la necesidad de un discurso político respetuoso y constructivo en el ámbito parlamentario. Las autoridades continúan investigando la denuncia y se espera que se realicen más declaraciones en las próximas semanas.
