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La Fiscalía Anticorrupción archiva la denuncia del PP contra Calviño por contratos covid

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EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación abierta por una denuncia del PP contra Nadia Calviño por contratos covid, presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia a Páginas Amarillas Soluciones Digitales, ahora Beedigital, empresa vinculada al marido de la ministra.

La Fiscalía concluye en un decreto de archivo de las diligencias que «no consta intervención directa ni indirecta» de Calviño en la concesión de avales ICO por 874.000 euros y de un contrato público a esa empresa.

Se abrió esta investigación por una denuncia del diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano

Por ello, no aprecia indicios de delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias o malversación, como denunció el diputado, y decide archivar las pesquisas.

Anticorrupción ya archivó el pasado 13 de julio las diligencias de investigación sobre una decena de ayudas por el coronavirus que recibió la empresa Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A petición de la Fiscalía, una unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha sido la encargada de analizar la documentación aportada en la denuncia. Después se ha concluido que no existe ninguna irregularidad en la adjudicación de dicho contrato.

En cuanto a las presuntas deudas de la empresa con el Estado, la IGAE sostiene que es «incierto» que no se hallara «al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social».

En cuanto al aval del 70% por parte del ICO a los dos préstamos bancarios, la IGAE tampoco ha encontrado ninguna irregularidad.

La empresa no constaba como morosa ni sujeta a un procedimiento concursal y los avales se ciñeron por tanto a lo dispuesto en el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico de la pandemia del covid.

Por todo ello, Anticorrupción sostiene que esta empresa «cumplía con todos los requisitos exigibles: había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, tenía domicilio social en España». Tampoco estaba «en situación de morosidad» a 31 de diciembre de 2019 y tampoco tenía la consideracion de «empresa en crisis».

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