433 votos a favor, una mayoría aplastante, señala el riesgo para las democracias las injerencias de Putin en Europa a través del separatismo catalán, socios de Pedro Sánchez.

El Pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves una resolución que pide investigar los contactos entre Puigdemont y el separatismo catalán y la Rusia de Putin. El texto alerta de que el Gobierno va a amnistiar a los responsables de estos contactos con el Kremlin y pide una investigación interna del Comité de Conducta a los eurodiputados vinculados con la trama rusa del procés. La iniciativa ha sido aprobada con 433 votos a favor, entre ellos, los de los eurodiputados socialistas españoles, además de 56 votos en contra y 18 abstenciones.

“Es una vergüenza que el PSOE vote investigarle aquí y amnistiarle en Madrid. Siete votos no valen tanta indignidad”, ha afirmado el jefe de la Delegación de CS, Adrián Vázquez.

La resolución aprobada es fruto de un debate en el Pleno que fue propuesto e impulsado por CS tras las novedades en el caso Voloh y las informaciones sobre la eurodiputada letona Tatjana Ždanoka, señalada como agente rusa. Durante el debate del martes, el propio vicepresidente de la Comisión Margaritis Schinas denunció directamente los contactos con el independentismo catalán dentro de los intentos rusos de interferir en Europa, “contactos regulares y visitas organizadas entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas entre 2017 y 2020”, lo que da idea de la preocupación en la Comisión Europea por el caso.

El texto final incluye varias propuestas defendidas por CS. Así, los eurodiputados reclaman que las autoridades judiciales “investiguen efectivamente las conexiones de los diputados del Parlamento Europeo efectivamente relacionados con el Kremlin y los intentos de injerencia de Rusia en la UE y en los Estados miembro”, en referencia directa a la conexión catalana. Al hilo, la Eurocámara afirma que “deplora todos los ataques a jueces que investigan cualquier actividad de injerencia”.

“El caso de los secesionistas y el señor Puigdemont es muy claro: hay una investigación en curso en España, hay numerosas noticias y ya saben que han tenido vínculos muy abiertos con el régimen”, ha denunciado Adrián Vázquez, que ha señalado que la resolución pide a los Estados en los que podría haber habido injerencia rusa, como es el caso de España, “investiguen qué políticos han utilizado su posición de fuerza para interferir en nuestras democracias”.

La resolución incluye esta reclamación directa tras recoger la “extrema preocupación” de los eurodiputados “por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa” y por las “campañas de desinformación a gran escala que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña, así como por los supuestos contactos intensos y el número de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa y el movimiento independentista”. En el texto se hace referencia expresa al trabajo del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, encargado de la investigación del caso Voloh, “que vincula, entre otros, al expresidente de Cataluña y a su entorno con Rusia”.

El Parlamento afirma también que estos contactos pueden ser parte “de una estrategia rusa más amplia para promover la desestabilización interna” de la UE, en la que el Kremlin utiliza canales de todo tipo para socavar las democracias europeas. “La interferencia rusa es un asunto europeo, un asunto que daña enormemente a nuestras democracias y que tiene como uno de sus cabecillas al señor Puigdemont”, ha añadido Vázquez.

Asimismo, el texto aprobado incluye una enmienda presentada por Vázquez que pide que los posibles vínculos de los diputados catalanes en el Parlamento Europeo en cuestión se remitan al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados. Con esta mención, el PE recoge la petición que ya hizo la semana pasada CS en una carta Metsola para que incluyera al expresidente catalán en la investigación interna a la eurodiputada letona que ha mantenido supuestos contactos con el régimen de Putin. “Los paralelismos son evidentes y es necesario saber si es un caso aislado o hay que hablar ya de un ‘russiangate’”, subrayaban los liberales en la carta.

La presidenta de la Eurocámara anunció el pasado lunes la apertura de un procedimiento de investigación a la eurodiputada letona Tatjana Ždanoka por supuestos contactos con el régimen ruso. En la carta dirigida a Roberta Metsola, CS solicita que la investigación se amplíe también a Carles Puigdemont, así como a otros diputados de la Cámara implicados en tales actividades. “Sería intolerable que hubiera diputados a sueldo del Kremlin trabajando para destruir, desde dentro, la democracia europea”, aseguran los liberales en la carta.

La resolución también alerta a petición de CS de que Puigdemont y el resto del Govern, que han mantenido relaciones con personalidades cercanas al Kremlin entre las que se encuentra la diputada letona Ždanoka, exigen que se les conceda una amnistía por sus presuntos delitos. “Lo que intenta el señor Putin es desestabilizar la Unión y lo hace utilizando actores desde dentro como el señor Puigdemont. Por desgracia en nuestro Gobierno tenemos un Partido Socialista que lo que quiere es amnistiar estos delitos. No nos ha quedado otra vía que recurrir a Europa para que desde la UE no impidan la investigación a Puigdemont hasta las últimas consecuencias”.

La Eurocámara ya incluyó a instancias de la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundua, en su informe de la Comisión parlamentaria sobre Injerencias Extranjeras la existencia de contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes en España como una estrategia de Putin para manipular el discurso y promover la desestabilización en España y Europa

Pagaza intervino en el debate del Pleno donde también advirtió de que la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial porque la investigación judicial avanza en el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, tal y como ha reflejado la resolución.

“Es importante que el Consejo y la Comisión entiendan la peligrosa agenda del Gobierno español, maquinando una ley de amnistía como una gigantesca operación de impunidad y desacato a la independencia judicial, incluso sobre delitos de corrupción, malversación, terrorismo y de colaboración con la injerencia rusa”, concluyó Pagaza.