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España

Plus Ultra imputada por los 53 millones de ayuda

La jueza que gestiona el caso Plus Ultra imputa a la compañía aérea y cita a su representante legal para declarar el próximo 15 de junio.

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Foto: Avión de Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha citado a Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió por 53 millones de euros.

La juez instructora ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo. Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a esta agencia, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía —apenas recibió la ayuda— procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.

Conclusiones de los peritos

Desde Plus Ultra confirmaron a Europa Press que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que “la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales”. La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este “problema” afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.

Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que “lo habitual” en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.

Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.

En dos horas y media aproximadamente, los peritos respondieron a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.

Abogacía del Estado y Fiscalía piden el archivo

Ahora, será el turno de Plus Ultra, que deberá acudir al Juzgado el 15 de junio. Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar. Tras el interrogatorio, la juez tiene pendiente responder a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía “concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de ’empresa no en crisis’ de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno”. La Fiscalía de Madrid concluyó que no existían “elementos contundentes” que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

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España

Ciudadanos denuncia el acoso de Puigdemont a funcionarios europeos

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Denuncia ante la presidenta del Parlamento la persecución política a los trabajadores públicos: “Hay que defenderlos de este inaceptable ataque de dos fugitivos de la justicia”

La delegación europea de Ciudadanos ha pedido por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que detenga el acoso de Carles Puigdemont y Toni Comín a varios funcionarios europeos que se han posicionado en contra de la amnistía y que los defienda “de este inaceptable ataque por parte de dos fugitivos de la justicia”.

Es un signo de autoritarismo sugerir que los funcionarios europeos no tienen derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como garantiza el artículo 17bis del estatuto de los funcionarios. Le pedimos que defienda enérgicamente los derechos de los funcionarios de la Unión, independientemente de su afiliación política, y ponga fin con decisión a la persecución política iniciada por los citados diputados”, reclama Ciudadanos en la carta que han enviado este lunes a Roberta Metsola.

Puigdemont y Comín han dirigido una serie de cartas a varias instituciones europeas pidiendo sanciones para los funcionarios que se han manifestado contra el proyecto de ley de amnistía pactado entre Pedro Sánchez y sus socios secesionistas. Han señalado a varios trabajadores con nombre y apellidos, apuntando además en algunos casos su afiliación a Ciudadanos, una campaña de acoso que ha tenido su continuación en los medios de comunicación afines al movimiento separatista catalán.

La última misiva conocida fue enviada el pasado jueves, entre otros, a la presidenta del Parlamento Europeo. “Queremos condenar con esta carta firmemente la persecución política de los señores Puigdemont y Comín contra funcionarios europeos y pedirle que los defienda de estos ataques inaceptables”, reivindica Ciudadanos Europa. 

No les vamos a permitir a estos acosadores que se sienten impunes porque Pedro Sánchez les ha amnistiado de sus delitos, a estos delincuentes, que señalen a funcionarios públicos por defender sus ideas, el Estado de derecho y la democracia en este país”, denunció el eurodiputado Jordi Cañas.

El partido liberal reivindica el derecho de los funcionarios a expresar sus ideas ante una situación política concreta como es esta, tanto participando en manifestaciones como mediante escritos a sus superiores administrativos y políticos. Ciudadanos defiende que su imparcialidad en el desempeño del trabajo no se ve comprometida por ello y subraya que, en este caso, además, se trata de manifestaciones públicas en defensa del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.

El estatuto que regula el trabajo de los funcionarios de las instituciones comunitarias ampara el derecho a la libertad de expresión (Article 17a, Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community) y prohíbe expresamente cualquier discriminación, entre otras razones, por “convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo” (Article M112 ,1d ).

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España

Reino Unido embarga 800.000 euros a España por el caso Infrared

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El país británico ha procedido al embargo judicial del importe de 805.808€ de las cuentas del Instituto Cervantes, como responsabilidad en el juicio que tenían con España por el caso Infrared, vinculado a las energías renovables.

La sentencia condena a España al pago de 28.2 millones de euros, un importe que va creciendo debido al impago de España que provoca intereses tanto en la cantidad condenada al pago como en las costas del proceso.

Además está pendiente el cumplimiento de las 25 sentencias contra España que ganaron las empresas de renovables y que ascienden a un total de 1.200 millones de euros, más 250 millones de costes del proceso por el empeño del Gobierno de España en retrasar los procesos y no proceder al pago de las condenas.

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España

Las reservas de agua en España se quedan en el 43,4%

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La reserva de agua en los embalses españoles se encuentra esta semana al 43,3 por ciento de su capacidad total, con 24.341 hectómetros cúbicos (hm³), por lo que ha disminuido en 125 hm³ -el 0,2 %- respecto a la semana anterior.

Según los datos facilitados hoy por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido escasas en los últimos días en toda España y la máxima hay que buscarla en San Sebastián, con 68,9 litros por metro cuadrado.

Entre los pantanos con más recursos hídricos figuran esta semana los de Galicia Costa (88 %); Miño-Sil (80,7 %); y los del Cantábrico Occidental (78,1 %) y Oriental (al 77,1 %).

Los embalses con menos agua disponible son los de Guadalete-Barbate (14,7 %); Guadalquivir (18,6 %); Cuencas internas de Cataluña (18,3 %) y Segura (19,5 %).

Los embalses acumulan 5.100 hm³ más que el año anterior, según los datos del Miteco, pero 3.453 menos que la media de los diez años anteriores.

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