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España

Plus Ultra imputada por los 53 millones de ayuda

La jueza que gestiona el caso Plus Ultra imputa a la compañía aérea y cita a su representante legal para declarar el próximo 15 de junio.

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Foto: Avión de Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha citado a Plus Ultra en calidad de investigada como persona jurídica para que declare el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, en el marco de las diligencias que se siguen sobre las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública que recibió por 53 millones de euros.

La juez instructora ha considerado pertinente escuchar a la compañía después de que los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) presentaran sus conclusiones ante el Juzgado el pasado 29 de marzo. Según indicaron fuentes jurídicas presentes en el careo entre peritos a esta agencia, los expertos aseguraron que parte de la subvención concedida por el Ejecutivo a Plus Ultra se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las mismas fuentes precisaron que los peritos del juzgado incidieron en que la compañía —apenas recibió la ayuda— procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana. Los peritos de Deloitte y DC Advisor, por su parte, explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.

Conclusiones de los peritos

Desde Plus Ultra confirmaron a Europa Press que durante el careo se abordó el pago relativo a la petrolera. Indicaron que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que “la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales”. La empresa subrayó, además, que la petrolera es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra, e insistieron en que este “problema” afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.

Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que “lo habitual” en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.

Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.

En dos horas y media aproximadamente, los peritos respondieron a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.

Abogacía del Estado y Fiscalía piden el archivo

Ahora, será el turno de Plus Ultra, que deberá acudir al Juzgado el 15 de junio. Al estar citada en calidad de investigada, la compañía podrá elegir si responde a todas las acusaciones y al juez o solo a su defensa; también podrá acogerse a su derecho a no declarar. Tras el interrogatorio, la juez tiene pendiente responder a las peticiones de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid, que solicitaron el archivo al considerar que no consta indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo.

La abogada del Estado Rosa María Seoane aseguró que se podía “concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de ’empresa no en crisis’ de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno”. La Fiscalía de Madrid concluyó que no existían “elementos contundentes” que permitieran cambiar el criterio expuesto por el Ministerio Público en sus escritos anteriores.

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España

Juristas cuestionan la constitucionalidad de la derogación del delito de sedición

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La Junta de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB entiende que estaríamos ante una amnistía encubierta, prohibida por la Constitución.

La Junta de la Sección de Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona ha emitido esta tarde un comunicado en relación con la derogación del delito de sedición.

Según el comunicado, tras la reforma del Código penal en cuanto a la sedición, la situación posterior será la siguiente:

“a) Derogado el delito de sedición el mismo dejará de existir para el futuro (nadie podrá ser juzgado ya por ese delito) y también para el pasado (desaparecerán las sentencias dictadas a su amparo y todas sus consecuencias)

b) Derogado el delito de sedición, carecería de viabilidad intentar incluir los hechos acaecidos en el actual delito de desórdenes públicos, cuya estructura presente nada tiene que ver con aquél, cuando los mismos ya fueron calificados por el Tribunal Supremo

c) Una agravación del actual delito de desórdenes públicos nunca podría ser aplicable con carácter retroactivo a los hechos ya ocurridos”

En base a todo ello, los juristas concluyen que “como consecuencia de lo expuesto, el resultado que generará la referida iniciativa legislativa presentada, si es aprobada, podría equivaler a una amnistía en relación a los hechos ocurridos en Cataluña en el año 2017, amnistía que no está permitida por la Constitución, que prohíbe incluso los indultos generales y cuya constitucionalidad, por tanto, sería cuestionable por los Tribunales”

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Deportes

Diputados del PSOE lucen el brazalete arcoíris seis meses después de recibir al emir de Catar

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Patxi López entrando en el Congreso de los Diputados con el brazalete arcoíris

Diputados del PSOE como Patxi López han lucido este miércoles brazaletes con la bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGTBI después de la polémica surgida en Catar, sede del Mundial de Fútbol 2022, donde se han prohibido este tipo de enseñas.

Hace tan solo seis meses, en mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía en La Moncloa con el Emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, con quien mantuvo una reunión en la que acordaron elevar el nivel de sus relaciones bilaterales a la categoría de asociación estratégica, profundizando los lazos económicos y políticos entre ambos países.

Era la primera ocasión en la que el actual Emir de Catar visitaba oficialmente España. Una reunión en la que no se habló de derechos humanos, unos derechos que ahora, en pleno Mundial y a más de 6000km de distancia, los socialistas, pretenden reivindicar.

Cabe recordar que la homosexualidad está penada en este emirato arábigo con hasta 5 años de cárcel. En la misma línea, cualquier tipo de adulterio está castigado y las penas pueden ir desde latigazos en público hasta la pena de muerte pasando por el exilio.

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Cataluña

PSC y separatistas contra la educación trilingüe de Ciutadans

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Salvador Illa (PSC) observando al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès | Archivo

El PSC, separatistas y En Comú han presentado enmiendas a la totalidad a la propuesta de ley registrada por los liberales que se debatía hoy en el parlamento catalán

La proposición de ley de implantación del programa trilingüe de alternancia de lenguas y del programa de capacitación intensiva en lengua inglesa para docentes que ha presentado hoy Ciutadans en el Pleno del Parlament ha sido rechazada por los separatistas, PSC y comunes al presentar estos enmiendas a la totalidad.

Martín Blanco ha empezado su intervención agradeciendo la presencia en el hemiciclo de las entidades que trabajan para la defensa de las libertades lingüísticas como Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia, Cataluña Suma, Societat Civil Catalana, Escuela de Todos, Impulso Ciudadano y Espanya i Catalans.

“Están inmersos en un proceso de ingeniería social que pretende cambiar los usos y costumbres” ha explicado y ha lamentado queCataluña sea “la única región del mundo en que los ciudadanos no tienen la oportunidad de educar a sus hijos en su lengua materna” porque “Cataluña vive bajo la férula de un régimen nacionalista que quiere erradicar de forma definitiva el castellano de la enseñanza de nuestros hijos”.

La norma propuesta por los liberales proponía establecer desde P3 hasta segundo de primaria un sistema de libre elección por parte de los padres. A partir del tercer curso de primaria se establecería un 25% de catalán, de español y de inglés. El 25% restante quedaría a elección del centro educativo a modo de refuerzo a la lengua que crean más conveniente según la realidad del centro.

Martín Blanco ha reivindicado que “España tiene un tesoro con una lengua común como el español” y se ha comprometido a “luchar por el bilingüismo en Cataluña y defender la promoción del catalán, pero nunca en perjuicio del español”.

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