A un día de que expire el plazo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ejecutar la sentencia del 25%, el Govern ha aprobado un decreto en el que certifica su negativa a instaurar una cuota mínima de asignaturas en castellano en los colegios y obliga sus directores a cumplir las directrices de la Generalitat para mantener el catalán como única lengua «vehicular» y seguir aplicando, por ende, la inmersión lingüística.
El decreto promueve la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas», es decir, descarta explícitamente acatar el fallo del TSJC, que exige a la Generalitat «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso».
«No se pueden aplicar porcentajes en el uso de las lenguas. El aprendizaje de las lenguas nunca se puede hacer con porcentajes. Es imposible aprobar una regulación monolítica en todo el territorio catalán», ha argumentado la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, para certificar la voluntad desobediente del Govern presidido por Pere Aragonès.
En lugar de asumir la sentencia y ordenar a las direcciones de todos los centros aplicarla, el Departamento de Educación de la Generalitat reclamará a los colegios que «adecúen» sus «proyectos lingüísticos a la normativa vigente». Es decir, que se ciñan a la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y a la nueva norma diseñada por el PSC, ERC, Junts y los comunes, que, una vez aprobada en el Parlament, seguirá consagrando el catalán como única lengua «vehicular» y evita comprometerse a impartir una asignatura troncal más en castellano, como reclama el TSJC.
Será la Generalitat la que «revise y valide» dichos proyectos lingüísticos y quien «velará» por que «se ajusten a ese marco normativo». «Si no se adecúan, se modificarán», ha añadido la portavoz del Govern, evidenciando que el Gobierno catalán privará de toda autonomía a los centros para aplicar la sentencia.
