Ourense (EFE).- El Obispado de Ourense ha decidido este lunes apartar cautelarmente de las parroquias que tenía encomendadas y de otros oficios y tareas que realizaba a un sacerdote investigado por la presunta comisión de agresiones sexuales a dos sobrinas suyas.
La Diócesis ha emitido un breve comunicado esta tarde en el que indica que el obispo Leonardo Lemos, de acuerdo con los protocolos vigentes de la Santa Sede y la Confederación Episcopal Española, ha adoptado esta determinación, al estar el presbítero “incurso” en esas diligencias judiciales.
“Por respeto a las actuaciones judiciales en curso, a la intimidad de las víctimas y a la presunción de inocencia del investigado la Diócesis de Ourense, que manifiesta su total disponibilidad a colaborar con la Administración de la Justicia, no realizará ninguna manifestación adicional a este comunicado hasta que finalice el procedimiento judicial”, abunda la nota.
Sobre el sacerdote de Santiago de Corneda y San Esteban de Cangués, en la comarca de O Carballiño, pesa una orden de alejamiento, por la cual no puede aproximarse a más de 500 metros de donde se encuentren las hijas de su hermano, que han puesto dos denuncias independientes por presuntas agresiones sexuales contra ambas de manera continuada.
La medida cautelar, según han informado hoy a EFE fuentes judiciales, la dictó el pasado sábado el juzgado de guardia de Ourense, el de instrucción número uno, al frente del cual está el decano, Leonardo Álvarez.
El religioso señalado, natural de Vistahermosa, en la ciudad ourensana, fue ordenado en 1995.
Abusos desde la niñez hasta la adolescencia
Una de las dos hermanas de Ourense que han denunciado a su tío por abusos y agresiones de carácter sexual, en su caso desde la niñez y hasta los 17 años, cuenta que “fue un camino largo” el que anduvo hasta dar nombre a vivencias por las que ha pasado, y no en solitario, detalle que supo más tarde.
La nueva y completa denuncia que formalizó la semana pasada en la comisaría de la Policía Nacional de su ciudad recoge las supuestas violaciones y demás vejaciones, los “horribles recuerdos” que provocaron en ella, según sus palabras, un inaguantable dolor psicológico y físico.
En 2019, cuando se atrevió a hablar, recurrió a la jurisdicción ordinaria, pero en aquel momento únicamente pudo verbalizar presuntos tocamientos. Y se encontró con que esos delitos contra la libertad sexual que ella exponía tienen un plazo de prescripción de diez años a contar desde su mayoría de edad. Ella, aunque por muy poco, había sobrepasado ese tiempo.
Con este paso en firme de ahora, el mismo que ha decidido dar la pequeña de las dos (según la versión que aporta sufrió abusos y agresiones sexuales hasta los 13 años), esta gallega busca que se haga justicia y, a la vez, “visibilizar y concienciar”.
Exterior2 semanas ago