La Ministra de Justicia, Pilar LLop, reconoció ayer ante los medios de comunicación como se reparten los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP.
Llop, que atendía a los medios en rueda de prensa, reconoció que los nombramientos los han venido realizando negociando los nombres para luego pasarlos por el trámite de las cámaras.
“se lo dije en persona (a Feijóo), que pusiera los nombres encima de la mesa y una vez que los nombrara yo le podía garantizar que el grupo parlamentario socialista en el Congreso y en el Senado tenían ya los suyos y se podían negociar y llegarían seguro a un acuerdo en pocas horas”
“Y lo han ignorado porque les convenía, porque el bipartidismo y sus múltiples casos judiciales, precisaban de dominar un organismo para ejercer presiones a los jueces.”
El patinazo de Llop deja al descubierto como han venido, desde 1985, haciendo los nombramientos de los vocales de CGPJ, los tuyos y los míos, los suyos y los nuestros. Algo que ha venido denunciando GRECO en sus informes anuales y que, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE, han ignorado. Y lo han ignorado porque les convenía, porque el bipartidismo y sus múltiples casos judiciales, precisaban de dominar un organismo para ejercer presiones a los jueces.
En la misma rueda de prensa la Ministra se preguntaba “¿Qué más podemos hacer para cumplir la Constitución?” Y lo que parecen olvidar es que el propio Tribunal Constitucional decretaba, allá por 1986, que el actual sistema de elección era constitucional si bien advertía entonces que “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos”
“Una propuesta a la que se sumo el PSOE cuando estaba en la oposición y que olvidó cuando llego a gobernar. Una propuesta a la que se suma ahora el PP y que negó cuando gobernaba en el 17 con mayoría absoluta.”
Y continuaba la Sentencia del TC “La existencia y aún la probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez.” Una inconstitucionalidad que no se podía establecer dado que la norma podía ser interpretada conforme a ella. Lo ocurrido después ya lo conocíamos y ahora lo sabemos, que ambos, PP y PSOE, han interpretado la norma contra la Constitución.
A la pregunta que se hacía Llop habría que contestarle que, por lo menos desde 2017, existe en el Congreso una proposición de modificación de la elección de los jueces presentada por Ciudadanos. La propuesta, que siguen defendiendo hoy, junto a las asociaciones judiciales, consiste en que sean los jueces los que elijan su órgano de gobierno, sacando las manos de los partidos del CGPJ. Una propuesta a la que se sumo el PSOE cuando estaba en la oposición y que olvidó cuando llego a gobernar. Una propuesta a la que se suma ahora el PP y que negó cuando gobernaba en el 17 con mayoría absoluta.
imagen de la campaña de Ciudadanos
Ante los cambalaches del bipartidismo, también en Justicia, la única opción para contenerlos, para hacerles caminar por el sendero correcto, el de la Constitución, es que siga existiendo en el arco político español, un partido liberal fuerte y decisivo. Ciudadanos es más imprescindible para la sociedad española, que la sociedad española para Ciudadanos.
La Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) ha alertado de que el 21,7 % de las mujeres que acuden a las aplicaciones de citas han sido violadas con violencia física, según los datos de un informe que será presentado este miércoles.
Se trata del estudio “Apps Sin Violencia Sexual”, financiado por el Ministerio de Igualdad, que se basa en entrevistas a 963 mujeres usuarias de aplicaciones de citas, y que revela que 208 de estas mujeres aseguran haber sido forzadas mediante violencia explícita.
Además, cerca de un 30 % afirma que su pareja sexual continuó con la práctica tras haber manifestado ellas dolor físico y deseo de parar y más del 57 % de las encuestadas consideró que alguna de sus citas las había animado a beber con el objetivo de tener sexo.
Un porcentaje similar, el 57,9 %, afirman que se han sentido presionadas para mantener relaciones sexuales en estos encuentros y un 40 % ha sentido presión para acceder a prácticas de dominación sexual.
Entre las variables más significativas que se encuentran en este estudio pionero en analizar la violencia sexual que sufren las mujeres al relacionarse con hombres a través de las aplicaciones de citas, destaca que el 70 % del total de violencias fueron cometidas por hombres de entre 35 y 55 años.
Con estas conclusiones, la Federación de Mujeres Jóvenes urge a adoptar medidas que protejan a las mujeres en estos entornos virtuales, así como en sus posteriores encuentros.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se encamina a su fracaso si ERC o EH Bildu mantienen su voto en contra este martes a los cambios pactados hasta el momento que no incluyen sus exigencias de prohibir las pelotas de goma como material antidisturbios.
Los seis grupos partidarios de la reforma de la Ley intentan “in extremis” salvar la propuesta que permitiría superar el trámite parlamentario de comisión y poder llegar al pleno del Congreso después de un año y medio de negociaciones.
Tras dos horas de debate en la Comisión de Interior, el presidente de la misma, José Luis Ábalos, ha abierto un receso antes de la votación de las enmiendas y el dictamen, que están aprovechando los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts para tratar de transaccionar alguna enmienda en los cuatro escollos que desde el inicio dividen sus posiciones.
Según fuentes parlamentarias, podría haber alguna acercamiento en los artículos relativos a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia a los agentes, si bien no parece que se pueda llegar a un acuerdo en la supresión de las pelotas de goma, exigencia de ERC, EH Bildu y Junts, ni en la eliminación de las devoluciones en caliente.
Si finalmente no fructifican las negociaciones, la propuesta de reforma decaería en comisión, pues los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no serían suficientes para sacar adelante el dictamen, ya que ERC y EH Bildu sumarían sus dos noes anunciados a los 17 del bloque de diputados del PP, Vox, Ciudadanos, UPN (Grupo Mixto) y Junts (Grupo Plural), partido que participó en las negociaciones pero que anunció hace semanas su voto en contra.
La Fiscalía ha solicitado que los exentrenadores del Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaren como testigos en el caso Negreira, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.
El fiscal quiere que se cite a declarar a ambos entrenadores para que confirmen o desmientan que existieron informes sobre el perfil de los colegiados que presuntamente elaboraba para el Barça el que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
Enríquez Negreira facturaba estos supuestos informes a través de la empresa Dasnil 95 SL, que facturó al FC Barcelona 6,6 millones de euros entre 2001 y 2018, cuando la entidad azulgrana dio por finalizada su relación mercantil con el excolegiado.
Valverde ya declaró hace unos días en rueda de prensa que no tiene conocimiento de dichos informes ni accedió a ellos como entrenador del Barça.
Luis Enrique, exseleccionador español, todavía no se ha pronunciado sobre el caso.