La Ministra de Justicia, Pilar LLop, reconoció ayer ante los medios de comunicación como se reparten los nombramientos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP.
Llop, que atendía a los medios en rueda de prensa, reconoció que los nombramientos los han venido realizando negociando los nombres para luego pasarlos por el trámite de las cámaras.
“se lo dije en persona (a Feijóo), que pusiera los nombres encima de la mesa y una vez que los nombrara yo le podía garantizar que el grupo parlamentario socialista en el Congreso y en el Senado tenían ya los suyos y se podían negociar y llegarían seguro a un acuerdo en pocas horas”
“Y lo han ignorado porque les convenía, porque el bipartidismo y sus múltiples casos judiciales, precisaban de dominar un organismo para ejercer presiones a los jueces.”
El patinazo de Llop deja al descubierto como han venido, desde 1985, haciendo los nombramientos de los vocales de CGPJ, los tuyos y los míos, los suyos y los nuestros. Algo que ha venido denunciando GRECO en sus informes anuales y que, tanto los gobiernos del PP como los del PSOE, han ignorado. Y lo han ignorado porque les convenía, porque el bipartidismo y sus múltiples casos judiciales, precisaban de dominar un organismo para ejercer presiones a los jueces.
En la misma rueda de prensa la Ministra se preguntaba “¿Qué más podemos hacer para cumplir la Constitución?” Y lo que parecen olvidar es que el propio Tribunal Constitucional decretaba, allá por 1986, que el actual sistema de elección era constitucional si bien advertía entonces que “se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos”
“Una propuesta a la que se sumo el PSOE cuando estaba en la oposición y que olvidó cuando llego a gobernar. Una propuesta a la que se suma ahora el PP y que negó cuando gobernaba en el 17 con mayoría absoluta.”
Y continuaba la Sentencia del TC “La existencia y aún la probabilidad de ese riesgo creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez.” Una inconstitucionalidad que no se podía establecer dado que la norma podía ser interpretada conforme a ella. Lo ocurrido después ya lo conocíamos y ahora lo sabemos, que ambos, PP y PSOE, han interpretado la norma contra la Constitución.
A la pregunta que se hacía Llop habría que contestarle que, por lo menos desde 2017, existe en el Congreso una proposición de modificación de la elección de los jueces presentada por Ciudadanos. La propuesta, que siguen defendiendo hoy, junto a las asociaciones judiciales, consiste en que sean los jueces los que elijan su órgano de gobierno, sacando las manos de los partidos del CGPJ. Una propuesta a la que se sumo el PSOE cuando estaba en la oposición y que olvidó cuando llego a gobernar. Una propuesta a la que se suma ahora el PP y que negó cuando gobernaba en el 17 con mayoría absoluta.
imagen de la campaña de Ciudadanos
Ante los cambalaches del bipartidismo, también en Justicia, la única opción para contenerlos, para hacerles caminar por el sendero correcto, el de la Constitución, es que siga existiendo en el arco político español, un partido liberal fuerte y decisivo. Ciudadanos es más imprescindible para la sociedad española, que la sociedad española para Ciudadanos.
Denuncia ante la presidenta del Parlamento la persecución política a los trabajadores públicos: “Hay que defenderlos de este inaceptable ataque de dos fugitivos de la justicia”
La delegación europea de Ciudadanos ha pedido por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que detenga el acoso de Carles Puigdemont y Toni Comín a varios funcionarios europeos que se han posicionado en contra de la amnistía y que los defienda “de este inaceptable ataque por parte de dos fugitivos de la justicia”.
“Es un signo de autoritarismo sugerir que los funcionarios europeos no tienen derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como garantiza el artículo 17bis del estatuto de los funcionarios. Le pedimos que defienda enérgicamente los derechos de los funcionarios de la Unión, independientemente de su afiliación política, y ponga fin con decisión a la persecución política iniciada por los citados diputados”, reclama Ciudadanos en la carta que han enviado este lunes a Roberta Metsola.
Puigdemont y Comín han dirigido una serie de cartas a varias instituciones europeas pidiendo sanciones para los funcionarios que se han manifestado contra el proyecto de ley de amnistía pactado entre Pedro Sánchez y sus socios secesionistas. Han señalado a varios trabajadores con nombre y apellidos, apuntando además en algunos casos su afiliación a Ciudadanos, una campaña de acoso que ha tenido su continuación en los medios de comunicación afines al movimiento separatista catalán.
La última misiva conocida fue enviada el pasado jueves, entre otros, a la presidenta del Parlamento Europeo. “Queremos condenar con esta carta firmemente la persecución política de los señores Puigdemont y Comín contra funcionarios europeos y pedirle que los defienda de estos ataques inaceptables”, reivindica Ciudadanos Europa.
“No les vamos a permitir a estos acosadores que se sienten impunes porque Pedro Sánchez les ha amnistiado de sus delitos, a estos delincuentes, que señalen a funcionarios públicos por defender sus ideas, el Estado de derecho y la democracia en este país”, denunció el eurodiputado Jordi Cañas.
El partido liberal reivindica el derecho de los funcionarios a expresar sus ideas ante una situación política concreta como es esta, tanto participando en manifestaciones como mediante escritos a sus superiores administrativos y políticos. Ciudadanos defiende que su imparcialidad en el desempeño del trabajo no se ve comprometida por ello y subraya que, en este caso, además, se trata de manifestaciones públicas en defensa del Estado de derecho y de las instituciones democráticas.
El estatuto que regula el trabajo de los funcionarios de las instituciones comunitarias ampara el derecho a la libertad de expresión (Article 17a, Regulation No 31 (EEC), 11 (EAEC), laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community) y prohíbe expresamente cualquier discriminación, entre otras razones, por “convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo” (Article M112 ,1d ).
El país británico ha procedido al embargo judicial del importe de 805.808€ de las cuentas del Instituto Cervantes, como responsabilidad en el juicio que tenían con España por el caso Infrared, vinculado a las energías renovables.
La sentencia condena a España al pago de 28.2 millones de euros, un importe que va creciendo debido al impago de España que provoca intereses tanto en la cantidad condenada al pago como en las costas del proceso.
Además está pendiente el cumplimiento de las 25 sentencias contra España que ganaron las empresas de renovables y que ascienden a un total de 1.200 millones de euros, más 250 millones de costes del proceso por el empeño del Gobierno de España en retrasar los procesos y no proceder al pago de las condenas.
La reserva de agua en los embalses españoles se encuentra esta semana al 43,3 por ciento de su capacidad total, con 24.341 hectómetros cúbicos (hm³), por lo que ha disminuido en 125 hm³ -el 0,2 %- respecto a la semana anterior.
Según los datos facilitados hoy por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han sido escasas en los últimos días en toda España y la máxima hay que buscarla en San Sebastián, con 68,9 litros por metro cuadrado.
Entre los pantanos con más recursos hídricos figuran esta semana los de Galicia Costa (88 %); Miño-Sil (80,7 %); y los del Cantábrico Occidental (78,1 %) y Oriental (al 77,1 %).
Los embalses con menos agua disponible son los de Guadalete-Barbate (14,7 %); Guadalquivir (18,6 %); Cuencas internas de Cataluña (18,3 %) y Segura (19,5 %).
Los embalses acumulan 5.100 hm³ más que el año anterior, según los datos del Miteco, pero 3.453 menos que la media de los diez años anteriores.