Pilar Llop acudía ayer al programa de Onda Cero “La Brújula”, realizando unas declaraciones que confirman la deriva anti democrática del gobierno de Pedro Sánchez.
Durante la entrevista, Llop puso de manifiesto su poco respeto por la separación de poderes, por el Estado de Derecho y su nulo conocimiento del significado de “democracia”.
Una de las perlas de Llop fue “la composición que tiene ahora el CGPJ no cuadra con la realidad actual del Parlamento; que son los representantes de la ciudadanía“. Esta afirmación, que es un ataque frontal al poder judicial, denota la necesidad de los partidos que tradicionalmente se han repartido los vocales del CGPJ – PP, PSOE y nacionalistas – de mantener ese statu quo para controlar un poder que debe controlar al poder ejecutivo y legislativo.
La gravedad no es sólo la propia declaración, sino que venga de la actual Ministra de Justicia. La separación de poderes tiene su origen en, primero, el ejercicio de sus funciones por cada poder de forma independiente y, segundo, el control de que ese ejercicio se realiza respetando las normas y los derechos fundamentales.
Las declaraciones de Llop no son más que una injerencia en el Poder Judicial, aquel que debe controlar que todo el mundo respete las leyes. El control del CGPJ ejercido desde el bipartidismo no es baladí. Se trata de una injerencia para poder presionar a jueces independientes en aquellos casos en los que puede encontrarse imputado algún político o en los que tienen algún interés partidista. El CGPJ es el órgano rector del poder judicial, el competente para los expedientes de sanción, para el nombramiento de jueces, su promoción a otros tribunales, entre otras funciones.
No escapa a nadie que la presión que se puede ejercer hacia los jueces que imparten Justicia, es evidente. Y eso es lo que salta a la vista en las declaraciones de la Ministra
España no ha tenido suerte con sus Ministros de Justicia, pero hoy tenemos la desgracia de tener una Ministra que aboga por romper la separación de poderes y por tener un poder judicial sometido al Ejecutivo. Algo propio de regímenes totalitarios.
Nos ha dejado más perlas. Otra ha sido la de definir al Tribunal Constitucional como un órgano de naturaleza política. Que no forma parte del Poder Judicial, es algo que todos los españoles conocen, pero que sigue siendo un Tribunal de control de la legalidad del ejercicio de funciones del Ejecutivo y el Legislativo, quizá no tanto. El Tribunal Constitucional tiene una importancia en el control del poder muy importante para el mantenimiento del Estado de Derecho y de respeto a la norma suprema que es la Constitución.
El Tribunal Constitucional ha jugado y juega un importante papel en la configuración de nuestro Estado democrático en temas como la distribución competencial en el Estado Autonómico; la construcción y protección de los derechos fundamentales; un control eficaz de constitucionalidad de las leyes; y una mayor nitidez en cuanto a la divisoria entre cuestiones de legalidad y constitucionalidad.
Que el gobierno de la nación, y los diferentes parlamentos y gobiernos autonómicos, respeten y acaten la Constitución, es la labor del Tribunal Constitucional. Y de esa importante misión radica la necesidad del PSOE de controlarlo, de “colonizarlo” como acertadamente dijo ayer Inés Arrimadas en el debate del Estado de la Nación. Una necesidad que también tiene el PP, que ha luchado por controlarlo cuando ha gobernado y que negocia con el PSOE tener su cuota de control. Ambos son veneno para la separación de poderes.
La Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) ha alertado de que el 21,7 % de las mujeres que acuden a las aplicaciones de citas han sido violadas con violencia física, según los datos de un informe que será presentado este miércoles.
Se trata del estudio “Apps Sin Violencia Sexual”, financiado por el Ministerio de Igualdad, que se basa en entrevistas a 963 mujeres usuarias de aplicaciones de citas, y que revela que 208 de estas mujeres aseguran haber sido forzadas mediante violencia explícita.
Además, cerca de un 30 % afirma que su pareja sexual continuó con la práctica tras haber manifestado ellas dolor físico y deseo de parar y más del 57 % de las encuestadas consideró que alguna de sus citas las había animado a beber con el objetivo de tener sexo.
Un porcentaje similar, el 57,9 %, afirman que se han sentido presionadas para mantener relaciones sexuales en estos encuentros y un 40 % ha sentido presión para acceder a prácticas de dominación sexual.
Entre las variables más significativas que se encuentran en este estudio pionero en analizar la violencia sexual que sufren las mujeres al relacionarse con hombres a través de las aplicaciones de citas, destaca que el 70 % del total de violencias fueron cometidas por hombres de entre 35 y 55 años.
Con estas conclusiones, la Federación de Mujeres Jóvenes urge a adoptar medidas que protejan a las mujeres en estos entornos virtuales, así como en sus posteriores encuentros.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se encamina a su fracaso si ERC o EH Bildu mantienen su voto en contra este martes a los cambios pactados hasta el momento que no incluyen sus exigencias de prohibir las pelotas de goma como material antidisturbios.
Los seis grupos partidarios de la reforma de la Ley intentan “in extremis” salvar la propuesta que permitiría superar el trámite parlamentario de comisión y poder llegar al pleno del Congreso después de un año y medio de negociaciones.
Tras dos horas de debate en la Comisión de Interior, el presidente de la misma, José Luis Ábalos, ha abierto un receso antes de la votación de las enmiendas y el dictamen, que están aprovechando los portavoces de PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts para tratar de transaccionar alguna enmienda en los cuatro escollos que desde el inicio dividen sus posiciones.
Según fuentes parlamentarias, podría haber alguna acercamiento en los artículos relativos a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia a los agentes, si bien no parece que se pueda llegar a un acuerdo en la supresión de las pelotas de goma, exigencia de ERC, EH Bildu y Junts, ni en la eliminación de las devoluciones en caliente.
Si finalmente no fructifican las negociaciones, la propuesta de reforma decaería en comisión, pues los 18 votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV no serían suficientes para sacar adelante el dictamen, ya que ERC y EH Bildu sumarían sus dos noes anunciados a los 17 del bloque de diputados del PP, Vox, Ciudadanos, UPN (Grupo Mixto) y Junts (Grupo Plural), partido que participó en las negociaciones pero que anunció hace semanas su voto en contra.
La Fiscalía ha solicitado que los exentrenadores del Barcelona Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde declaren como testigos en el caso Negreira, según confirmaron a EFE fuentes judiciales.
El fiscal quiere que se cite a declarar a ambos entrenadores para que confirmen o desmientan que existieron informes sobre el perfil de los colegiados que presuntamente elaboraba para el Barça el que entonces era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
Enríquez Negreira facturaba estos supuestos informes a través de la empresa Dasnil 95 SL, que facturó al FC Barcelona 6,6 millones de euros entre 2001 y 2018, cuando la entidad azulgrana dio por finalizada su relación mercantil con el excolegiado.
Valverde ya declaró hace unos días en rueda de prensa que no tiene conocimiento de dichos informes ni accedió a ellos como entrenador del Barça.
Luis Enrique, exseleccionador español, todavía no se ha pronunciado sobre el caso.